Todo indica que ya hay un ganador de las últimas elecciones.
Todo indica que la prioridad del nuevo gobierno debe ser la inseguridad ciudadana.
Lima Metropolitana y otras regiones se encuentran en estado de emergencia por la ola de delitos y violencia que padecen. Según el INEI*, los índices de victimización bordean el 27%.
Los delitos principales son la extorsión y el crimen organizado que afectan gravemente al sector socioeconómico.
Los delitos siempre han existido, pero con la llegada de los delincuentes extranjeros se han incrementado y se han vuelto más cruentos, los extorsionadores ya no atacan solo vehículos ahora también atacan a las personas: choferes y pasajeros.
El nuevo gobierno debe encarar el problema con medidas efectivas, lo cual significa reformar la Policía, el Ministerio Público y la administración de justicia, pero ello no basta hay que mantenerlas.
En los últimos tres años, se dieron una serie de normas, por ejemplo, que los motociclistas llevaran un chaleco con la placa del vehículo en la espalda, que todos los policías salgan a patrullar; sin embargo, cada nuevo gobierno dejaba sin efecto el plan anterior.
Una medida urgente debe ser reformar la institución policial. La Policía es muy buena resolviendo los delitos, pero tiene serios problema en la prevención. Las normas que rigen su función, escazo personal y la falta de equipamiento, son algunas de las causas.
A estas alturas ya todo el mundo sabe cómo atacan a sus víctimas los sicarios. Sin embargo, se siguen aplicando planes que no dan resultado: estado de emergencia, control territorial, redadas y megaoperativos en zonas críticas.
Cada día los medios informan de la detención de bandas de extorsionadores, pero cada día aparece alguna víctima de los sicarios.
La extorsión es uno de los delitos que más preocupan; es un delito dinámico que no se puede combatir con medidas estáticas.
La falta de personal policial y equipamiento dificultan el trabajo de prevención. Un informe de la Defensoría** de comienzo de año, señala que el 80% de comisarías carece de personal y que el 45.3% de la flota vehicular de las comisarías se encuentra inoperativa.
Para superar estas deficiencias, el nuevo gobierno debe tomar medidas radicales e ir contra lo establecido. Hace cerca de un año, el gobierno de aquel entonces, tomó la decisión de que las promociones de suboficiales salieran más rápido de las escuelas de formación para fortalecer la seguridad. Esta medida debería extenderse también a los oficiales.
Debemos ser uno de los países con formación policial más larga, tanto para oficiales (5 años) como suboficiales (4 años). En otros países dura menos, en Noruega son 3 años, en Alemania, 2 años, en Colombia, entre 1 y 3 años, y en Estados Unidos, 33 semanas en promedio.
Seguimos pensando que la formación policial debe ser igual que la universitaria o la de un técnico profesional.
Otro problema es solucionar la rivalidad entre policías y fiscales nacida del nuevo Código Procesal Penal. Los fiscales son formados en leyes, los policías en investigación criminal. Deberían ser compañeros y no rivales. Esta disfunción ocasiona que, a veces, veamos a la policía deteniendo al delincuente y el fiscal ordenando su liberación por falta de pruebas.
El nuevo gobierno cuenta con la legitimidad y legalidad para implementar y continuar sus medidas para disminuir el alarmante índice de victimización, pero tiene que ser audaz y cambiar el establishment.
*https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib2013/libro.pdf
**https://www.defensoria.gob.pe/la-defensoria-del-pueblo-luego-de-supervisar-las-comisarias-a-nivel-nacional-detecto-la-grave-situacion-institucional-que-afronta-la-policia-nacional-del-peru-que-afecta-a-la-poblacion-en-la-lucha/
